• Esta situación refleja el uso reiterado de mecanismos judiciales por parte de la IPS para evadir o acelerar decisiones administrativas en curso con el objetivo de tener pagos inmediatos, afectando el funcionamiento financiero y operativo de Nueva EPS.
• De acuerdo con la Circular No. 000032 de 2025 Del Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos del Sistema de Salud – SGSSS- son INEMBARGABLES, de manera que no pueden ser objeto de medidas cautelares ni destinarse a fines diferentes de los establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, so pena de afectar el adecuado flujo de recursos al sistema y en consecuencia, al goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
De gran preocupación calificó el equipo Interventor de la Nueva EPS, el hecho de que la Entidad haya sido objeto de un nuevo embargo judicial, ampliando dicho límite a una cifra de $422.466.580 millones de pesos, luego de la reanudación del proceso ejecutivo dispuesto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, del pasado 10 de octubre.
El mencionado despacho judicial concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas en contra de Nueva EPS y se ha convertido en el juzgado que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional en contra la Entidad. Así mismo, se destaca que, entre las IPS con mayor número de procesos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y Fundación Cardio Infantil.
La Agente Interventora de Nueva EPS, expresó su preocupación ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), destacando que el embargo de recursos destinados a la atención de salud afecta el servicio de salud que se le brinda a los más de 11 millones de afiliados en todo el territorio nacional.
“Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, tienen una naturaleza parafiscal y son inembargables, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Esta medida judicial no solo vulnera el orden jurídico, sino que compromete gravemente el patrimonio público y, lo más importante, afecta la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, indicó la Dra. Polania.
Este embargo, que ha sido decretado en un contexto de uso reiterado de mecanismos judiciales, busca acelerar la resolución de decisiones administrativas en curso, sin que se respeten los mecanismos de conciliación que permiten mantener el equilibrio en el flujo de pagos entre las partes involucradas.
La Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 014 de 2018, ya había alertado a los jueces del país sobre la prohibición de decretar embargos sobre los recursos de la UPC, recordando que tales decisiones judiciales contravienen el principio de protección de los derechos sociales y ponen en peligro la estabilidad del sistema de salud.
La Nueva EPS, hace un llamado a los actores involucrados en estos procesos judiciales a tomar en cuenta las implicaciones legales y sociales de sus acciones, con el fin de garantizar la transparencia y sostenibilidad del sistema de salud, y preservar los principios constitucionales que rigen la atención a los afiliados en todo el país.
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